El devastador incendio que arrasó el Gran Concepción no fue un hecho imprevisible. Así lo sostuvo el director regional de Conaf, quien responsabilizó directamente a la industria forestal por la rápida propagación del fuego, calificándolo como una catástrofe anunciada.
Según explicó, durante años se acumuló una enorme cantidad de residuos forestales en cerca de 4.000 hectáreas, transformando el territorio en un verdadero “polvorín”.
Desde abril de 2025, la propia industria —a través de la Corma— había advertido que, sin quemas controladas durante el invierno, el riesgo de un megaincendio era extremadamente alto.
Las simulaciones realizadas proyectaban un escenario crítico: hasta 30.000 viviendas en riesgo y más de 6.200 hectáreas expuestas, desde Coronel hasta Tomé. Por ello, se solicitó una autorización excepcional para realizar quemas controladas, petición que contaba con respaldo técnico de Conaf y Bomberos. El argumento era claro: la biomasa acumulada durante seis años, principalmente de Forestal Arauco, podía alimentar incendios de gran magnitud.
Sin embargo, la ventana legal para realizar quemas —octubre y noviembre de 2025— fue de solo 42 días, período considerado insuficiente. El chipeo, propuesto como alternativa, resultaba lento y de alto costo.
El resultado fue una cadena de omisiones: residuos forestales acumulados, decisiones postergadas y ninguna responsabilidad asumida de manera integral.
El sábado 17 de enero de 2026, con temperaturas de 28 °C y vientos de hasta 50 km/h, el fuego se inició cerca del Puente 1, en la ruta Concepción–Florida, y se propagó rápidamente hacia Penco, Tomé y otras comunas.
El saldo es devastador: más de 500 viviendas destruidas, 19 personas fallecidas en la región del Biobío, miles de evacuados y un estado de catástrofe decretado.
